“Una nación que gasta más dinero en armamento militar que en programas sociales se acerca a la muerte espiritual”. - Martin Luther King
Muchos estarán de acuerdo afirmando que el deber básico de los Estados es proteger a sus ciudadanos, sin embargo, este concepto no debe ser interpretado tan superficialmente ya que tiene un mayor alcance. El Ecuador está sufriendo un grave ataque a su postura como Estado garantista de derechos. Esto, debido a que los excesos en el ejercicio del poder, ilimitado, son el gas nocivo de la nación.
El Estado no solo debe proteger la integridad física de sus habitantes sino también las facultades necesarias para el desarrollo de la integridad de una persona. Estas facultades son los derechos civiles y políticos que son, a la vez, el pilar fundamental del Estado y deben ser tomadas en cuenta durante el ejercicio de la seguridad ciudadana y el mantenimiento del orden público.
Para explicar en qué consiste el rol militar y policial, debemos partir del deber del Estado en torno a la seguridad. La seguridad estatal se divide en dos: externa e interna, supervisadas por las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, respectivamente. Estas instituciones, formadas con el fin de que el Estado cumpla su objetivo, son usadas, en última instancia, para garantizar la seguridad de la sociedad. La función del poder militar es eliminar amenazas que atenten a la soberanía, población o territorio de un Estado; mientras que el grupo policial actúa como un agente preventivo y corrector que debe producir un ambiente de tranquilidad para los civiles.
Partiendo de la diferencia en el propósito y nivel de especialización de Policía y Fuerzas Armadas, resulta imposible pensar que una fuerza designada específicamente a la función de erradicación actué como un ente estabilizador.
Las responsabilidades de la Policía no pueden ser realizadas por las Fuerzas Armadas debido a su forma de actuar, represiva, contra cualquiera que se interponga en su objetivo primario. Si el gobierno utiliza las Fuerzas Armadas para la seguridad interna de los ciudadanos, esta fuerza mataría a su propia gente y se debilitaría ante amenazas externas. No existe una afirmación más alejada de la realidad que aquella que manifiesta que, es positivo para una nación que las fuerzas armadas sean reemplazadas, asimiladas o suprimidas por este fin primordial. La unión de las instituciones no en su forma, sino en su objetivo, produce un incremento excesivo de fuerza provocando una serie de abusos realizados por su gobierno, a la vez perdiendo su calidad de Estado garante de Derechos.
Tomando en consideración todo este análisis, es razonable afirmar que ningún gobierno se atrevería a crear condiciones para que ocurra esta situación. No obstante, esto puede ser usado como una medida de última instancia, como por ejemplo cuando se decreta estado de excepción. Este mecanismo se da en casos extraordinarios cuando el Estado utiliza la fuerza extrema y todos sus recursos para normalizar la situación en el país. Sin embargo, es peligroso que este poder sea utilizado permanentemente y más aún cuando se da mediante una legitimidad democrática.
En el Ecuador se ha producido este caso impensable, un abrupto contra todo lo que la ha pretendido establecer. Este código, con las reformas realizadas se ha transformado en un monstruo que efectiviza el abuso del poder. El futuro de las Fuerzas Armadas no está encaminado a efectivizar los operativos contra la disminución de la delincuencia ni mucho menos sino para establecer un ‘orden’ político y contrarrestar cualquier protesta o avance contra el gobierno. Mientras esto se de más civiles estarán en sus casas y es en este punto donde el cuestionamiento de George Orwell entra en vigencia, valió la pena entregar todos los derechos por la “seguridad”?
El Estado no solo debe proteger la integridad física de sus habitantes sino también las facultades necesarias para el desarrollo de la integridad de una persona. Estas facultades son los derechos civiles y políticos que son, a la vez, el pilar fundamental del Estado y deben ser tomadas en cuenta durante el ejercicio de la seguridad ciudadana y el mantenimiento del orden público.
Para explicar en qué consiste el rol militar y policial, debemos partir del deber del Estado en torno a la seguridad. La seguridad estatal se divide en dos: externa e interna, supervisadas por las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, respectivamente. Estas instituciones, formadas con el fin de que el Estado cumpla su objetivo, son usadas, en última instancia, para garantizar la seguridad de la sociedad. La función del poder militar es eliminar amenazas que atenten a la soberanía, población o territorio de un Estado; mientras que el grupo policial actúa como un agente preventivo y corrector que debe producir un ambiente de tranquilidad para los civiles.
Partiendo de la diferencia en el propósito y nivel de especialización de Policía y Fuerzas Armadas, resulta imposible pensar que una fuerza designada específicamente a la función de erradicación actué como un ente estabilizador.
Las responsabilidades de la Policía no pueden ser realizadas por las Fuerzas Armadas debido a su forma de actuar, represiva, contra cualquiera que se interponga en su objetivo primario. Si el gobierno utiliza las Fuerzas Armadas para la seguridad interna de los ciudadanos, esta fuerza mataría a su propia gente y se debilitaría ante amenazas externas. No existe una afirmación más alejada de la realidad que aquella que manifiesta que, es positivo para una nación que las fuerzas armadas sean reemplazadas, asimiladas o suprimidas por este fin primordial. La unión de las instituciones no en su forma, sino en su objetivo, produce un incremento excesivo de fuerza provocando una serie de abusos realizados por su gobierno, a la vez perdiendo su calidad de Estado garante de Derechos.
Tomando en consideración todo este análisis, es razonable afirmar que ningún gobierno se atrevería a crear condiciones para que ocurra esta situación. No obstante, esto puede ser usado como una medida de última instancia, como por ejemplo cuando se decreta estado de excepción. Este mecanismo se da en casos extraordinarios cuando el Estado utiliza la fuerza extrema y todos sus recursos para normalizar la situación en el país. Sin embargo, es peligroso que este poder sea utilizado permanentemente y más aún cuando se da mediante una legitimidad democrática.
En el Ecuador se ha producido este caso impensable, un abrupto contra todo lo que la ha pretendido establecer. Este código, con las reformas realizadas se ha transformado en un monstruo que efectiviza el abuso del poder. El futuro de las Fuerzas Armadas no está encaminado a efectivizar los operativos contra la disminución de la delincuencia ni mucho menos sino para establecer un ‘orden’ político y contrarrestar cualquier protesta o avance contra el gobierno. Mientras esto se de más civiles estarán en sus casas y es en este punto donde el cuestionamiento de George Orwell entra en vigencia, valió la pena entregar todos los derechos por la “seguridad”?